El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una foto tomada ayer jueves en Astana, Kazajistán.
Una nueva vuelta de tuerca legislativa pone aún más contra las cuerdas la pluralidad informativa en Turquía. El parlamento aprobó en la noche del jueves, con los votos de los dos partidos que apoyan al gobierno, la "ley de desinformación", que incluye penas de cárcel por la difusión online de bulos que atenten contra "la seguridad interior y exterior del país".
La oposición ha vuelto a criticar, como lleva haciendo desde la acalorada discusión parlamentaria del articulado, una ley que ve como una apuesta encubierta por "la censura" y "la autocensura". El artículo 29, el más polémico -aprobado ayer- abre según ellos las puertas a que periodistas y usuarios de redes sociales sean perseguidos y condenados con penas que oscilan entre un año y tres años de prisión.
El gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), defiende que "ningún periodista debería sentirse amenazado", puesto que la ley se refiere a la difusión de "información falsa", con el objetivo malicioso de "crear pánico en la ciudadanía" y en perjuicio "de la salud o el orden públicos" o de la seguridad nacional. Pero la oposición ya la ha bautizado como la "ley de censura" y un diputado del centrista CHP, Burak Erbay, quiso resumir visualmente su significado, destrozando a martillazos un móvil en el atril.
El Partido Republicano del Pueblo (CHP) ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Mientras que la representante de la OSCE para la libertad de prensa, Teresa Ribeiro, pidió ya el lunes a Turquía revisar su proyecto de ley por su "vaguedad", que puede dar pie "a acciones arbitrarias y políticamente motivadas a expensas de la libertad de expresión".
Cabe decir que, según la ley, la ocultación de la identidad al proferir bulos maliciosos -desde ahora delictivos- será considerada un agravante. Asimismo, el bloqueo o la eliminación de webs consideradas nocivas será más expeditivo. No obstante, la ley también contiene artículos consensuados, como el que facilita la acreditación de los medios digitales o el que garantiza el derecho de réplica y de enmienda.
Las suspicacias del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en relación a los medios de comunicación tiene una larga historia. El votante medio del AKP ha incubado durante décadas un gran resentimiento hacia el periodista medio de Estambul o Ankara, altamente occidentalizado, que le despreciaba, desde una extracción social y educativa muy distinta. La paradoja es que hoy la mayoría de grandes medios, propiedad de grandes corporaciones, apoyan a Erdogan.
Antes incluso de la asonada fallida de 2016, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan (AKP) ya había empezado su cruzada contra el imperio mediático de la cofradía de Fethullah Gülen, luego condenada por golpismo, aunque el cabecilla sigue viviendo bajo protección en Estados Unidos. Dentro de esta trama estaba el diario más vendido del país, Zaman, canales de televisión, agencias de prensa y hasta asociaciones de periodistas y escritores.
El AKP de Erdogan está inquieto, tras veinte años en el poder, por el resultado muy incierto de las próximas elecciones, a celebrar dentro de ocho meses. En 2023, además, se cumplen diez años de las revueltas del Parque Gazi, que medios gubernamentales ven como un remedo de las Primaveras Árabes, orquestado con objetivos opuestos desde el exterior.
Por último, muchos oficiales nacionalistas de las Fuerzas Armadas, en activo o retirados -por ejemplo, el suegro del Premio Princesa de Asturias, Dani Rodrik- no olvidan la pinza gülenista -judicial, política, policial y mediática- que hace diez o quince años alentó, con pruebas que luego se demostraron falsas, cientos de condenas a prisión. La mayoría no serían amnistiados hasta 2014, cuando el AKP rompió con la cofradía.
En cualquier caso, las purgas posteriores al aplastamiento del golpe de estado han reducido la pluralidad en la televisión y en la prensa escrita turca, ahora favorable al gobierno en más de un 80%. Mientras tanto, el espacio de la oposición en turco se ha refugiado en internet -con cabeceras dentro y fuera de Turquía- y el gobierno conservador empieza a temer su influencia creciente.
Cabe decir, por último, que el jefe de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), laico y nacionalista, se encontraba en Washington el día de la votación, visitando la sede de The Washington Post -en solidaridad con su columnista descuartizado en Estambul, Jamal Khashoggi- así como el think-tank de Francis Fukuyama.
Erdogan, mientras tanto, regresaba ayer de Astana, donde se encontró con Vladimir Putin por cuarta vez en tres meses. Hoy mismo, el presidente turco ha ordenado que se estudie a fondo la propuesta de su homólogo ruso de convertir la Tracia turca en un nudo de distribución de gas ruso a Europa. Gracias, básicamente, al gasoducto Turkstream -inaugurado en 2020- presentado como alternativa viable para surtir a Europa al saboteado Nordstream (aunque con menor capacidad). Una apuesta geopolítica muy arriesgada que da por descontada una gran polvareda mediática fuera de Turquía.
Cabe señalar, por último, que en los últimos años se ha perseguido judicialmente a varios periodistas por su vinculación pasada o presente a medios gülenistas o a medios acusados de compartir el ideario de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) o de su frente político. Por otro lado, el gobierno de Erdogan ha dotado a la televisión pública, TRT, de un ambicioso canal internacional de noticias en inglés y otro en árabe, así como del primer canal en kurdo de Turquía.
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