Pasan unos minutos de la seis de la mañana. Huerta de San Cayetano, Sanlúcar de Barrameda. Uno de los puntos negros más activos de la venta al menudeo de droga de toda la provincia de Cádiz. Cuentan los que persiguen el narcotráfico que de aquí salen a la semana cientos de las papelinas de ‘rebujo’ (cocaína mezclada con heroína) que se distribuye por toda la Costa Noroeste, la Bahía, la comarca de Jerez e incluso Sevilla.

Se pone en marcha un importante operativo policial que por segunda vez (de manera más contundente) irrumpe en la calle de la Siembra para cerrar varios de estos ‘locales’ de la droga. Al frente del ‘negocio’ aseguran que está una multirreincidente, Dolores la Pinilla, la matriarca de un clan que ya ha sido condenada en varias ocasiones por trapichear con grandes cantidades de sustancias pero que, al parecer, sigue insistiendo en lo ilícito.

Agentes especializados en entradas y registros llevan todo el material para reventar las puertas y sorprender a sus moradores con la mercancía dentro. Todo lo que se requise será una prueba fundamental que sujete judicialmente la investigación policial sobre el tráfico de estupefacientes que llevan realizando meses, incluso años. Pero no lo tienen nada fácil.

Esta vez los fuertes golpes del ariete no bastan. Tampoco la maza ni la palanca. Hace falta más. No solo hay una puerta reforzada sino que esta vez esta puerta tiene además tres rejas metálicas. Tres. De un grosor y con unos anclajes impresionantes. Hechas e instaladas con esmero por un profesional. Lo mismo ocurre con las ventanas de estas pequeñas y humildes casas desconchadas, en las que parece que solo se ha invertido en la entrada. Por algo será.

Los golpes son atronadores y los relevos de los policías constantes. Pero es casi imposible. Por ello y con la previsión de que podía ocurrir algo así se requiere el apoyo del GOIT, el Grupo Operativo de Inspecciones Técnicas, una unidad de la Policía Nacional especializada, precisamente, en reventar búnkeres, descubrir dobles fondos y llegar a rescates a sitios de muy difícil acceso. Hace falta cortar barrotes, chapas, descolgar anclajes... un trabajo que lleva mucho más tiempo y esfuerzo.

Y mientras, dentro, los inquilinos de estas casas convertidas en auténticos zulos se despiertan y comienzan a borrar todo rastro de lo que quieren ocultar antes de que la Policía entre a por ellos y a por lo que tengan. Es una carrera a contrarreloj. La mayoría de las veces intentan deshacerse de la droga tirándola por el váter, también llegan a quemar documentos o dinero. Se trata de aniquilar cualquier prueba que les pueda poner más complicado su futuro procesal, a pesar de que siempre se deja algún rastro y ellos también lo sepan.

En esta ocasión ha sido en una operación en Sanlúcar contra el clan de la Pinilla, donde, por cierto, sí se llegaron a incautar importantes cantidades de droga por mucho obstáculo que pusieron, pero esta situación de toparse con casas hechas búnkeres es cada vez más habitual. Y no solo eso, sino que cada vez están más reforzados. Perfeccionados.

La fuerte presión policial ejercida sobre los traficantes de droga y también el miedo de estos a ser asaltados por otros narcos que les roben la mercancía en los conocidos como ‘vuelcos’ ha motivado que las medidas de seguridad que estos delincuentes emplean sean mayores y más contundentes. «Antes veías una cámara en la puerta, ahora ves que montan circuitos en varios puntos», comenta un agente experto en este tipo de operaciones.

Todo un sistema de videovigilancia para controlar durante las 24 horas del día quien merodea por sus ‘guarderías’ o puntos de venta. Mirar antes de abrir. En este mundo pocos se fían de cualquiera y así lo demuestran.

«Esto se lo ha tenido que hacer alguien que sabe. No es algo rudimentario, casero. Estas rejas, cómo están puestas, montadas, ancladas... esto no lo han puesto en un momento», explica otro policía al ver ya desmontado a base de cortes el ‘chiringuito’.

Y además hay una inversión importante. Además de las rejas, los blindajes no son baratos. «Invierten lo que sea porque lo importante es no perder la droga que es con lo que ganan dinero. Le sacan pronto el beneficio a ese gasto».

Y tras las entradas, personal del Depósito Judicial, un órgano de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado creado para la incautación y custodia de estos elementos, se siguen afanando en el desmontaje. Necesitan aparatos y herramientas especiales para cortar tanto metal. Todo queda incautado. Eso también es una prueba y, además, al quitarlas se aseguran que al menos por un tiempo nadie volverá a ocupar esas viviendas teniendo como propósito el mismo fin. Es decir, volver a instalar en esos inmuebles un punto de venta y distribución de droga.

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