Según Chris Griffith, CEO de la minera de oro, el incremento de la inflación del país chileno está mermando su colchón de costos para contingencia. Los precios de algunos productos que consume esta empresa, como los pernos de acero, los reactivos y los explosivos, han subido hasta un 30%

El proyecto aurífero Salares Norte, en Chile, comenzará a producir en 2023, pero la escasez de mano de obra en torno al proyecto obligó a Gold Fields a crear flujos de trabajo paralelos.

El aumento de la inflación está mermando el colchón de costos de contingencia de la minera de oro Gold Fields para su proyecto Salares Norte en Chile, dijo este lunes el presidente ejecutivo Chris Griffith, y agregó que la compañía que cotiza en Sudáfrica está viendo una inflación de al menos un 10% en las regiones donde opera.

El proyecto aurífero Salares Norte, el mayor de la empresa, comenzará a producir en el primer trimestre del próximo año, y la escasez de mano de obra en torno al proyecto ha obligado a Gold Fields a crear flujos de trabajo paralelos.

"Ese tipo de inflación es lo que está consumiendo rápidamente nuestra contingencia", dijo Griffith en una entrevista al margen de la conferencia Mining Indaba en Ciudad del Cabo.

La inflación de los costos es un dolor de cabeza para todas las empresas mineras que son grandes consumidoras de combustible y electricidad. Los precios de algunos productos que consume Gold Fields, como los pernos de acero, los reactivos y los explosivos, han subido hasta un 30%, dijo Griffith.

En general, sin embargo, Gold Fields es un beneficiario neto de la inflación, aseguró Griffith, ya que el precio del oro tiende a subir al mismo tiempo que los precios.

Aunque los precios del oro se dispararon tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, han retrocedido considerablemente desde entonces.

Gold Fields también se enfrenta a un "momento de nerviosismo" en Chile, ya que el país continúa el proceso de reescribir su Constitución, dijo Griffith.

La Convención Constitucional chilena aprobó este sábado artículos que amplían los derechos medioambientales, pero no llegó a aprobar una propuesta que otorga al Estado derechos mineros exclusivos sobre el litio, los hidrocarburos y los metales de tierras raras, así como la propiedad mayoritaria de las minas de cobre.

Griffith dijo que las exigencias de los países de aumentar los impuestos también se están convirtiendo en una mayor preocupación para la empresa, especialmente en Perú, Chile y Ghana.

Consultado por la fecha prevista de inicio de Salares Norte, Griffith afirmó que hasta ahora "vamos por buen camino, aguantando por un pelo".

Conforme nos aproximamos a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio próximos en Los Ángeles, es muy probable que veamos repetirse el tópico de que la cita ofrece una oportunidad de “resetear” la relación de Estados Unidos con la región. No es para menos tras un período tan sombrío para la política hemisférica como el de la Administración Trump, en el que América Latina ha seguido perdiendo peso específico en las prioridades de Washington. La tendencia viene de largo, pero sin duda se ha acentuado.

La utilización de las grandes cumbres y encuentros internacionales para significar un cambio de rumbo y un relanzamiento de las relaciones, aprovechando su capital político y su tirón mediático, es una práctica habitual. Pero conviene no abusar de ello, máxime dado que llueve sobre mojado y que, además, el actual contexto internacional tampoco es favorable para esperar que América Latina cobre mayor protagonismo para el vecino del norte. Cualquier declaración grandilocuente corre el riesgo de quedarse, nuevamente, en papel mojado, y defraudar expectativas.

Ya la primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994, se vendió en su día como el inicio de una nueva era en la política del continente. Si bien los esfuerzos de la Administración Clinton construían sobre la base de la Enterprise for the Americas Initiative lanzada unos años antes por Bush Padre, el fulgor del final de la Guerra Fría y la puesta en marcha del TLCAN invitaban al optimismo y la esperanza, tras años marcados por el intervencionismo militar de Washington en la región y una política enmarcada en la rivalidad geoestratégica con la Unión Soviética. Todo parecía posible en plena fiebre del supuesto fin de la historia y el avance imparable de la democracia liberal.

Solo tuvo que pasar una semana de la Cumbre de Miami para que el colapso del peso mexicano diera al traste con los grandes planes, hasta el punto de que cuando la segunda Cumbre de las Americas tuvo lugar cuatro años más tarde, en Santiago de Chile, el discurso del “reset” ya estaba nuevamente en boca de todos. Vuelta a empezar.

Por supuesto, los planes volvieron a truncarse, empezando por el ambicioso objetivo de establecer un Área de Libre Comercio de las Américas para 2005. Lo que se mantuvo fue la inercia a seguir interpretando cada cita posterior como una oportunidad de “refundar” la política de Washington hacia continente. También se repitió la frustración: desde la III Cumbre de Quebec en 2001 –rápidamente eclipsada por el vuelco de prioridades motivado por el 11-S y la Guerra contra el Terrorismo—a la VII Cumbre de Panamá en 2015 –en el que el histórico encuentro entre Raúl Castro y el presidente Obama no tardó en mostrarse un mero espejismo ante el cambio de inquilino en la Casa Blanca, año y medio más tarde. Sobre la más reciente Cumbre de Lima, en 2018, correremos un tupido velo: ninguna expectativa quedó defraudada porque nunca la hubo, entre la revocación de la invitación a Venezuela y la propia ausencia del entonces Presidente Trump a la cita, la primera de un mandatario norteamericano.

Dado este precedente más reciente, y el retorno a una política más internacionalista y constructiva por parte de la Administración Biden, no es de extrañar que se generen esperanzas sobre la próxima cita en Los Ángeles. Pero no debemos caer el error de vender esta IX Cumbre como un nuevo reseteo, el enésimo en la lista. Para empezar, la sombra ya se cierne sobre la cita, con la amenaza de varios países –con México a la cabeza—de boicotear la reunión a nivel presidencial si se confirma la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua del cónclave.

Pero incluso si se salva esta espinosa cuestión en las próximas dos semanas, sería conveniente no crear falsas expectativas en un contexto en el que las prioridades geoestratégicas de Washington siguen centradas en Asia y la rivalidad con China, así como en Europa y el nuevo escenario abierto por la invasión rusa de Ucrania. Se haría mal en vender esta Cumbre como la de un giro y una nueva priorización, porque ambas harían poco honor a la realidad que cabe esperar.

El auténtico éxito de la cita de Los Ángeles pasaría por sentar las bases de una verdadera política de largo plazo, consistente y comprometida, respetuosa y realista, que trascienda las divisiones ideológicas que han venido lastrando el devenir del continente desde finales de los 90. Es esa fractura la que ha impedido dar el salto definitivo de la política de la contención a la llamada política de la ampliación, que era el objetivo de la primera Cumbre de Miami.

La paradoja es que, en un contexto global cada vez más incierto y convulso, América Latina puede erigirse en un referente de estabilidad y buen manejo para el resto del mundo. Tiene todos los activos para aumentar su protagonismo y contribuir al resto del planeta en un momento en el que cuestiones como la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático o el retroceso de los derechos y libertades encabezan la agenda internacional.

Desde la experiencia y mesura que caracterizan la política exterior de la Administración Biden, se debería leer adecuadamente este contexto de oportunidad. Para construir ese futuro sostenible, resiliente y equitativo que pregona el lema de la IX Cumbre de las Américas, hacen falta menos declaraciones y más realidades, que lleguen a la gente. Menos resetear y más actuar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que la línea "respaldará la resiliencia económica de Chile al proporcionar un respaldo para las necesidades de liquidez potenciales moderadas a corto plazo".

El organismo multilateral dijo además que Chile decidió abandonar la Línea de Crédito Flexible de dos años | Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este viernes que Chile aceptó un acuerdo para suscribir una Línea de Liquidez a Corto Plazo (SLL, por sus siglas en inglés) por unos US$ 3.500 millones.

El organismo multilateral dijo además que el país sudamericano decidió abandonar la Línea de Crédito Flexible de dos años que mantenía con la institución desde 2020.

La línea "respaldará la resiliencia económica de Chile al proporcionar un respaldo para las necesidades de liquidez potenciales moderadas a corto plazo", dijo el FMI en un comunicado.

"Este es el primer acuerdo SLL jamás aprobado por el Fondo. El mecanismo, que se creó en 2020, es un respaldo rotatorio y renovable para miembros con fundamentos muy sólidos", agregó.

Según lo previsto en la política del instrumento, que estará vigente por un año, las autoridades chilenas planean tratar la SLL como "precautoria".

"Las autoridades han recalibrado con éxito las políticas macroeconómicas y construido cómodos colchones de liquidez, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal", acotó.

Tras el impacto de la pandemia de COVID-19, la economía chilena logró recuperarse más rápido de lo previsto debido a las masivas ayudas estatales y el retiro parcial de ahorros en los fondos de jubilación.

Sin embargo, el impulso ha traído fuertes presiones inflacionarias que han obligado al Banco Central a retirar el estímulo monetario que aplicó desde la llegada de la pandemia.

El Banco Central de Chile dijo en un comunicado que el plazo relativamente corto de la línea "y su monto más acotado, son coherentes con los mayores accesos a facilidades de liquidez con los que cuenta actualmente el BCCh y con los menores riesgos percibidos en relación con la emergencia sanitaria".

El FMI explicó que los beneficiarios pueden disponer de la línea de liquidez en cualquier momento en que surjan necesidades de balanza de pagos.

Los desembolsos no se escalonan ni están vinculados al cumplimiento de objetivos de política como en los programas regulares respaldados por el FMI.

El Banco Central dijo que al cierre del primer trimestre de 2022, las reservas internacionales alcanzaban 48.300 millones, equivalente al 15,1% del PIB.