Un juez ordenó este martes la captura de varios altos funcionarios del Ministerio del Interior cuando Miguel Ángel Osorio Chong lo encabezó durante el último sexenio, como parte del proceso iniciado con la acusación contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, su esposa. , la celebridad mediática Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro, por el presunto desvío de más de tres mil millones de pesos. La Procuraduría General de la República presume que una decena de exfuncionarios encargados de las cárceles federales desviaron ese monto para equipar cárceles, a través de las empresas de facturación de Álvarez Puga. Este caso, que por volumen y protagonismo es de gran trascendencia, es mucho más profundo de lo que se ve y salpica a políticos de diversos partidos, a distintos niveles y administraciones, y a un amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La investigación de Álvarez Puga se desarrolló con gran secretismo dentro de la Fiscalía General de la Nación, donde el fiscal especializado en crimen organizado, Alfredo Higuera Bernal, fue acumulando pruebas con gran secretismo, no por la eventualidad de que se filtraran a la prensa, sino particularmente. que el entonces asesor legal de la Presidencia, Julio Scherer, quien tenía una relación cercana con el empresario, a quien había recomendado, cuando detectó que la Fiscalía estaba ahondando en su negocio, un abogado relacionado no se enteró. a él para protegerlo.
Scherer tenía una enorme influencia en la Fiscalía y había trabajado con el fiscal Alejandro Gertz Manero en los principales temas de interés para el presidente. Eran tantos, todos políticos, que un piso entero del Ministerio Público se dedicó a sacar los asuntos de Scherer. La relación con Gertz Manero fue de claroscuro, que quedó libre de sombras cuando la consejera renunció hace casi un mes. No había terminado de sacar sus cosas de la oficina del Palacio Nacional, que Higuera Bernal abrió el caso de Álvarez Puga solicitando la orden de aprehensión contra él y su esposa. El abogado que le había dado Scherer nunca se enteró de lo que venía, porque Higuera Bernal y su jefe sellaron la información para evitar injerencias de la consejera.
La orden de captura de Álvarez Puga fue un golpe para Scherer, pero es mucho más que eso, por los años en los que trabajó de manera similar, por los que hoy se le imputan los presuntos delitos de delincuencia organizada, y donde políticos de todo el centro y sur del país, así como empresarios y artistas. La investigación sobre el grupo cerca de Osorio Chong tiene suficiente combustible para volar mucho más alto y mucho más lejos.
Los hermanos Álvarez Puga, originarios de Chiapas, vendían tortas frente a la estación de autobuses de Tapachula, desde donde, por recomendación de un amigo suyo, llegaron a trabajar con un fiscal de Oaxaca, Sergio Castro, quien a principios de La década de los 90 fue contratada por Pemex para revisar sus costos laborales y encontró la manera de reducirlos a través de un sistema de outsourcing. Castro vio en este mecanismo que ideó a partir de agujeros en las leyes y reglamentos, la posibilidad de hacer negocios con gobiernos estatales y empresas, creando lo que ahora conocemos como "outsourcing", de la que es su padre en México.
Castro comenzó a reclutar personas en el sureste y centro del país para ayudarlo a expandir su negocio, fortaleciendo su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también fue utilizado como su rostro público. Poco a poco amplió la ingeniería fiscal de la subcontratación y condujo a lo que eventualmente se convirtió en un delito federal, las empresas de facturación, que eran básicamente empresas fantasmas a través de las cuales se canalizaban transacciones y financiamiento sin presión fiscal. El negocio generó ganancias multimillonarias libres de impuestos para todos.
Estuvieron vinculados con al menos dos exgobernadores de Chiapas, otros dos en Oaxaca, en Puebla, Quintana Roo y Veracruz, y las relaciones con partidos llegaron al PAN, al PRI, al PRD, al Verde e incluso a Morena. El poder que tenían era enorme. Castro fue quien prestó su casa en Guatemala a Javier Duarte, cuando luego de terminar su gobernación en Veracruz, se fue a esconder en esa nación. Juan Melquiades Vergara fue designado como secretario de Hacienda del gobierno de Carlos Joaquín González, pero duró menos de un año cuando se descubrió su red de operaciones con empresas de facturación. En el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, incluso pusieron a la Sección 22, un disidente de la profesión docente, en un proceso de subcontratación.
La investigación de la Fiscalía General no incluye a Castro, y se limita, como los jefes de investigación, a los Álvarez Pugas y Gómez Mont, sobrina del exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont. Se les acusa de haber tejido una red de decenas de empresas fantasma para facilitar la evasión fiscal, la malversación y el blanqueo de capitales a terceros, para lo cual existe prisión preventiva informal; es decir, sin derecho a fianza.
Unas semanas antes de que se solicitara su orden de captura, salieron de México y hoy, hasta la última información disponible, se encuentran en las Bahamas. Los Álvarez Pugas enfrentaron varias denuncias en el SAT, pero confiaban en la armadura que les había proporcionado Scherer a través de un abogado cercano, Guillermo Barradas. Unos días antes de que se emitiera la orden de aprehensión, con Scherer fuera de la asesoría legal de la Presidencia, Alejandro Álvarez Puga habló con el abogado, quien le aseguró que lo tenía todo bajo control y que no había nada en su contra. Cuando salió la orden de aprehensión, hubo una nueva llamada que, dijeron cerca de él, estaba llena de insultos.
Barradas no sabía que la salida de Scherer de la Presidencia había cambiado la correlación de fuerzas con sus clientes y también su destino. Tampoco sabía que Gertz Manero e Higuera Bernal iban por la recuperación del espacio jurídico y político.
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